El pago de la "tenencia" en Nayarit
El nivel de endeudamiento que mantienen los
Estados y Municipios en el país es grave, en muchos casos la deuda supera sus
propios ingresos; los factores son distintos, sin embargo la constante es que
el destino de la deuda no se aplica en acciones reales de infraestructura o de
servicios públicos y si muchas de las veces en obras “caprichosas” antes
que prioritarias y se cubren rubros como el “gasto corriente”, “bonos” y
prestaciones que muchas de las veces resultan ofensivas para el común de los
ciudadanos, como por ejemplo, el pago de seguros de gastos médicos mayores a
funcionarios, telefonía celular, alimentos, autos de “lujo”, seguridad personal
(véase “guaruras”) y una serie de beneficios que son para unos cuantos.
El problema se agrava cuando las Dependencias
encargadas de la recaudación de los Impuestos dejan de hacer su trabajo y
simplemente reprochan que los contribuyentes no acuden a pagar, y peor aún, se
buscan mecanismos de “recaudación” que son del todo arbitrarios e ilegales; un
claro ejemplo de esto es lo que sucederá en Nayarit para el año 2016, en donde
ya se “advierte” a los ciudadanos que habrá un nuevo reemplacamiento vehicular,
acompañado del pago de la temible “tenencia”, que no es otra cosa que un
Impuesto Estatal denominado: Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y que será imposible que vayan a otros Estados a tratar de emplacar, porque estará "prohibido".
Anteriormente los procesos de emplacamiento (sustitución
de láminas o placas) tenían como propósito la revisión periódica de vehículos con el
objeto de que no tuvieran reporte de robo o gravamen alguno, así como la
actualización del padrón vehicular, por cuanto a los datos del propietario, del
vehículo y demás; ocurría normalmente cada seis años, inclusive, se vinculaba al gobierno
en turno con su estilo de “placas”.
A partir de las “promesas” de campaña del
Presidente Felipe Calderón de eliminar este Impuesto, que entonces era Federal,
sucedieron diversos criterios judiciales en torno a su inconstitucionalidad, y hasta el momento en que se derogó la Ley que lo contemplaba, se delegó a los
Estados la posibilidad de que lo implementaran como un ingreso propio y así
sucedió en la mayoría de estados, inclusive en algunos de ellos como en
Nayarit, se otorgó el total de la recaudación de este Impuesto como garantía de
pago para obtener créditos con la banca, motivo por el cual hasta el día de hoy
ha sido imposible que se derogue de la Ley de Ingresos.
Lo que realmente preocupa en este asunto, es
que el Gobierno pretenda cobrar este Impuesto a través de mecanismos
arbitrarios e ilegales o de autoridades que no son competentes para hacerlo,
como Tránsito del Estado o Policías Ministeriales o peor aún, que condicionen
diversos trámites relacionados con el vehículo al pago de este Impuesto.
Son muchos los mecanismos de defensa que se
pueden implementar para no pagar este Impuesto, más aún cuando ya ha sido
declarado Inconstitucional por los Tribunales Colegiados de Circuito, sobre
todo porque es un Impuesto que no atiende a la capacidad económica del
contribuyente y tampoco grava un bien que pueda ser considerado “signo de
riqueza”, pues todos los que tenemos vehículo sabemos que su depreciación
sucede desde el momento justo en que pone un neumático en la calle al salir de
la agencia.
Es grave la pasividad y falta de “ingenio” de
las autoridades gubernamentales que de pronto se “apegan” tanto a la letra de
la Ley (cuando les conviene), que no les permite implementar mecanismos novedosos y menos onerosos
para el ciudadano y que a la vez les reditúe en incrementos a su recaudación directa, como
por ejemplo, la condonación de este impuesto si se está al corriente con el pago
de otros, o el pago por “tarifa” o cuota fija, que no vaya vinculado con el “cambio de placas”,
en muchos estados las placas “viejas” siguen estando vigentes y se puede
circular sin ningún problema.
Mas grave resultan los números relacionados
con la recaudación del Impuesto por Tenencia Vehicular en el Estado de Nayarit,
la que en tan solo nueve años, casi ha desaparecido por completo; esto es, en
el ejercicio fiscal 2005 se recaudaron poco más de $85’000,000.00 (ochenta y
cinco millones de pesos) y para el ejercicio fiscal 2014, tan solo $43,969.00
(cuarenta y tres mil novecientos sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), siendo que
en el año 2013 todavía se recaudaron poco más de $3’000,000.00 (tres millones
de pesos), esto según información del propio Gobierno del Estado.
Considero que si se implementara el pago de
este impuesto a través de una “tarifa” o “cuota”, que fuera “barata” y fija, y sin cambio de "placas", inclusive
al mismo precio como sucede en Jalisco y Sinaloa, se perdería el interés de
emplacar en otros estados por el costo que implicaría llevar el vehículo hasta
esas entidades, además, el cambio de "placas", no está vinculado directamente con el Impuesto sobre Tenencia, pues es un derecho, que no encuentra justificación directa alguna con el "servicio" que presta el Estado, es decir, no tiene razón de ser, y por lo tanto es igualmente
impugnable a través de un amparo indirecto, pues no encuentra sustento “razonable”
en ningún ordenamiento legal.
Así las cosas, hace falta un movimiento ciudadano
que promueva un alto a este tipo de acciones que no son otra cosa que el
obtener “dinero” a través de un impuesto que ni siquiera sabemos y mucho menos
vemos que se refleje en beneficio de los que tenemos auto. ¿Que caso tiene mantener un impuesto del que se recaudan 49 mil pesos en un año?, ¿Que caso tiene "amenazar" a los ciudadanos con este cobro, cuando en muchos casos su vehículo no representa ningún símbolo de riqueza, sino por el contrario, es una herramienta de trabajo?. Este 2016, tenemos que llevar a cabo el ejercicio que permita la declaración de inconstitucionalidad de este Impuesto.
