PENALES DE NAYARIT

En el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, elaborado y presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de nueva cuenta se tuvo a los centros penitenciarios del Estado de Nayarit con pésimas calificaciones.

Este diagnóstico se realizó a partir de cinco rubros: I. CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD; que se refiere a la normatividad que rige al centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno/cogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capacitación del personal penitenciario; II. ASPECTOS QUE GARANTIZAN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL DEL INTERNO, que tiene que ver con la capacidad para alojar y población existente, distribución y separación de internos, servicios para la atención y mantenimiento de la salud, supervisión por parte del responsable del centro, prevención y atención de incidentes violentos, y de tortura y/o maltrato; III. ASPECTOS QUE GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA, es decir, si existen instalaciones suficientes, la capacidad de las mismas, condiciones materiales y de higiene de las instalaciones, así como de la alimentación; IV. REINSERCIÓN SOCIAL DEL INTERNO, en donde se verificaron los procesos de integración del expediente jurídico-técnico, clasificación criminológica, separación entre procesados y sentenciados, Consejo Técnico Interdisciplinario, actividades laborales y de capacitación, educativas, deportivas, beneficios de libertad y vinculación con la sociedad y por último, V. GRUPOS DE INTERNOS CON REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS, es decir, las condiciones de las mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, internos con VIH/SIDA, personas con preferencias sexuales distintas e internos con adicciones.

La escala de calificaciones está referida del 0 al 10, que representan las condiciones mínimas que deben existir en un centro, con base en nuestra Constitución, leyes secundarias y los tratados y documentos internacionales, que contienen referencias sobre el tratamiento de las personas privadas de la libertad y sus condiciones de internamiento, a efecto de procurar una estancia digna y segura para lograr su reinserción, tal como lo señala el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el rubro correspondiente a la GOBERNABILIDAD, el promedio de los dos centro penitenciarios, el “Venustiano Carranza” y el regional de Santiago Ixcuintla, suman una calificación de 4.55, es decir, por lo que corresponde a la normatividad que rige al centro, su personal de seguridad y custodia, las sanciones disciplinarias, la existencia de autogobierno/cogobierno, así como las actividades ilícitas, extorsión y sobornos, y los aspectos de capacitación del personal penitenciario, Nayarit, está reprobado.

Este rubro representa uno de los más relevantes, pues de las condiciones de gobernabilidad en un centro penitenciario, depende que se presenten otras diversas condiciones propicias para la corrupción y actividades ilícitas dentro del centro penitenciario.

Según el diagnostico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el penal “Venustiano Carranza” de Tepic, Nayarit, no existen manuales de procedimientos, como por ejemplo, para el ingreso, traslado de internos, casos de motín, uso de la fuerza, o para solicitar audiencia con las autoridades, para presentar quejas, para la visita familiar e íntima, etc., tampoco existe manual para el Consejo Técnico Interdisciplinario y hay muchas deficiencias en la difusión de la normatividad a los internos.

De la misma manera existe insuficiencia del personal de seguridad y custodia, y para cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades; hay deficiencias durante el proceso de imposición de sanciones disciplinarias, las sanciones no son determinadas por la autoridad competente, se aplican sanciones no previstas en el reglamento, y no existen procesos de certificación de la integridad física a internos.

Además, a los sancionados se les suspende la visita familiar e íntima y las comunicaciones telefónicas, no se les informa por parte de área de trabajo social a los familiares del interno que se encuentra sancionado; también hay deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del Centro, pues la Comisión Nacional detectó que existe control por parte de los internos en actividades de seguridad, actividades productivas, educativas y deportivas; servicio de alimentación, limpieza y mantenimiento; también se detectó que existen áreas de privilegios y de objetos y sustancias prohibidas, que hay un grupo de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población y que existe prostitución, además de cobros por parte de los internos para: protección, asignación de estancia y plancha para dormir, mantenimiento de los dormitorios y para no cumplir una sanción administrativa.

Los anteriores aspectos se refieren únicamente al rubro de GOBERNABILIDAD, para comentar los otros cuatro rubros, seguramente necesitaríamos muchas páginas más.

Suena muy desalentador el panorama del sistema penitenciario de nuestro Estado, sobre todo porque a pesar de este tipo de diagnósticos, jamás se escucha en el discurso político de gobierno, inversiones en este rubro, mejoramiento en las condiciones de los internos, no existe siquiera la atención de las instancias gubernamentales hacia este tipo de diagnóstico, no se comenta pues, hay “mutis” total, al fin y al cabo, ya vendrá el diagnostico 2013 y seguramente pasará como los anteriores, sin pena ni gloria, sin interés de parte de ninguno de los que tienen responsabilidad en este rubro.