“La transparencia sin duda fomenta la honestidad y la integridad en el
servicio público, y ayuda a prevenir y combatir la corrupción; la transparencia
promueve la responsabilidad y la eficacia en la gestión pública, la
transparencia empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y
exigirles que rindan cuentas. Sin embargo, con todo y sus beneficios sociales,
la transparencia es sólo uno de los elementos de un paradigma más amplio, el
gobierno abierto”.
Lic.
Enrique Peña Nieto
Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos
El día 4 de mayo del año
2015, el Presidente Enrique Peña Nieto, promulgó la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en ese evento destacó que la
transparencia fomenta la honestidad y la integridad en el servicio público,
empodera a los ciudadanos para evaluar a sus autoridades y exigirles que rindan
cuentas.
Esta Ley destaca por su
amplio espectro en materia de obligaciones de transparencia para los sujetos
obligados, así como por los diversos recursos que se le otorgan al ciudadano
para acceder a cualquier tipo de información que se genere con motivo de las
atribuciones de la administración pública; también se destaca por la creación
de un Sistema Nacional de Transparencia así como del uso de las tecnologías de
la información, para establecer una Plataforma en Internet, con la que ya ni
siquiera será necesario “solicitar” información, sino que ésta deberá ser
publicada por los sujetos obligados, siendo el caso, de que cuando un ciudadano
busque información que deba ser de publicación obligatoria y esta no se
encuentre, pueda “denunciar”, para que se verifique el incumplimiento y en su
caso, se impongan las sanciones, inclusive económicas, a los sujetos obligados
incumplidos.
Es así que esta Ley transitó
por una proceso legislativo de gran “calado”, mesas de trabajo con expertos,
foros con asociaciones civiles y ciudadanos conocedores e interesados en la
materia y meses de análisis y un sinnúmero de documentos borradores, controles
de cambios, opiniones y versiones “casi definitivas”.
En el apartado de artículos
transitorios, destaca un contundente “artículo Quinto”, el cual dispone que: “El Congreso de la Unión, las legislaturas de los
Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrán un plazo de
hasta un año, contado a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para
armonizar las leyes relativas, conforme a lo establecido en esta Ley.”.
UN AÑO, fue el
plazo para que las Legislaturas de los Estados trabajaran en la “armonización” de las leyes
relativas (locales) a la Ley General.
Desafortunadamente las palabras del Presidente
Enrique Peña Nieto, al parecer no hicieron eco, ni siquiera en los gobiernos a
cargo de sus “pares políticos del PRI”, pues en un análisis realizado en el mes
de marzo de 2016, se detectó que únicamente Chihuahua, Coahuila, Jalisco,
Querétaro, Oaxaca y Tabasco, habían armonizado sus Leyes con la Ley General,
aunque en los casos de las Leyes de Querétaro y Tabasco, el Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), presentó acciones de inconstitucionalidad, al considerar que varios de
sus artículos son regresivos respecto de lo que establece la Constitución
Federal.
En el estado de Nayarit, a través de una solicitud
de información presentada ante el Congreso del Estado, se pudo constatar que al
menos al mes de febrero, no existía ninguna
iniciativa o proyecto de reforma en estudio o trámite, en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo cual quedó asentado en la
respuesta a través del oficio CE/ED/SG/0172/2016, suscrito por el Lic. Juan
Antonio Domínguez Castañeda, encargado del despacho de la Secretaría General.
Pues así las cosas, parece que la armonización de
la Ley de Transparencia del Estado de Nayarit, será un proceso legislativo más
al “vapor”, pues faltando 30 días para que se cumpla el plazo de un año, apenas
en redes sociales la Contraloría General del Estado de Nayarit, emitió una tímida
señal de que se estaban coordinando para la “homologación”. Lo que no me quedó
claro es lo que se pretende “homologar”, ya que dicen que se trata de una reunión
de coordinación “respecto de la homologación de la Ley General de Transparencia
con nuestra ley local” (sic)
Ojalá que la Comisión de Transparencia e
Información Gubernamental del Congreso del Estado, Presidida por la Diputada Any Marilú Porras Baylón, y
conformada por los Diputados: María
Felicitas Parra Becerra, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Olga Lidia Serrano
Montes y Héctor Javier Santana García, tenga un “as” bajo la manga y nos
sorprenda con la novedad de que aprovecharon ese AÑO para tener una Ley a la
altura de la Ley General, no sería muy conveniente sumar a la Ley de Nayarit en
la lista de las acciones de inconstitucionalidad.
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